Las municipalidades parecen haberse convertido simplemente en un botín para los políticos, y hoy demasiados municipios están en la mira por denuncias de corrupción. Hay varias intendencias que ya fueron intervenidas y cuyos jefes comunales fueron destituidos o renunciaron (casos de Ciudad del Este con Sandra McLeod y Mario Ferreiro en Asunción) y también están aquellas donde la intervención empieza (Lambaré) o donde los diputados salvaron a sus correligionarios.

En el caso de Asunción, Ferreiro se vio forzado a renunciar al ser salpicado en el escandaloso caso que involucra a miembros de su primer anillo imputados por presuntos hechos de lesión de confianza y tráfico de influencia. Se acusó al grupo de realizar recaudaciones paralelas.

En Lambaré, los ediles denunciaron irregularidades que hacen referencia a la falta de pago de haberes a funcionarios desde el mes de julio, y la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal. Este es el segundo pedido de intervención contra Gómez, ya que el primero, en el 2017, fue rechazado por la Cámara Baja.

Además, Gómez ya fue procesado en su momento por la construcción de un puente, que generó un supuesto perjuicio de G. 600 millones.

En Humaitá (Ñeembucú), se concretó la intervención, pero los diputados colorados salvaron a su correligionario Víctor Bordoli. El cartista fue denunciado por no remitir a la Junta Municipal los documentos respaldatorios de las rendiciones de cuentas. Señalan la existencia de una malversación de más de G. 2.000 millones. Mencionan igualmente que por una emergencia declarada en Humaitá, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) proveyó de insumos para afrontar la situación, pero el jefe comunal “distribuyó los insumos y presentó planillas falsas”. Otra causal que manifiestan los ediles hace referencia a que Bordoli se apropió de una ambulancia del Ministerio de Salud y recuerdan que dicha situación derivó en la muerte de una beba de 18 días.

OTROS CASOS. En el distrito de Independencia (Guairá), bajo la administración de Arnaldo Chávez. Acusan al intendente de no hacer licitaciones y de pagar a comisiones vecinales sin respaldo. También señalan que el Municipio es manejado por un clan desde hace 15 años.

Otro caso es el que envuelve al ex intendente de Jesús de Tavarangue, Hernán Adolar Schlender Benítez, quien está imputado por lesión de confianza, lavado de dinero y otros hechos. En este caso, cuando se solicitó la intervención del municipio el intendente también fue salvado por los diputados.

En agosto pasado la Cámara Baja rechazó el pedido de intervención de 8 municipios. Entre las localidades cuyos intendentes vienen siendo denunciados estaban José Falcón, de Presidente Hayes; Tava’i, de Caazapá; Maracaná, de Canindeyú; Cerrito, Guazú Cuá y Paso de Patria, de Ñeembucú; San Antonio, de Central; y O’Leary, de Alto Paraná. También figuran los casos de las ciudades de San Pablo, Departamento de San Pedro; y San Carlos del Apa, Departamento de Concepción, por citar solamente algunos.

Lambaré
Denuncia: En Lambaré ya está aprobada la intervención. Los ediles denunciaron a Armando Gómez por irregularidades dentro del municipio y hacen referencia a la falta de pago de haberes a funcionarios, desde el mes de julio, y la deuda con la Caja de Jubilaciones y Pensiones del personal municipal.

Humaitá
Salvado: Víctor Bordoli fue salvado por los diputados y sigue en el cargo. Los concejales lo acusaron de no remitir a la Junta Municipal los documentos respaldatorios de las rendiciones de cuentas. Acusaron también que Bordoli es responsable de la malversación de más de G. 2.000 millones.

Jesús de Tavarangue
Ex intendente: Aunque Schlender ya no es jefe comunal porque fue destituido, los diputados lo habían salvado varias veces. El ex jefe comunal está imputado por lesión de confianza, el supuesto perjuicio de G. 7.000 millones a la Municipalidad y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Independencia
Acusado: La gestión de Chávez es cuestionada por la inexistencia de licitaciones, donde todo se hace por vía de la excepción, así como pagos a comisiones vecinales sin respaldo. Señalan que existen pruebas contundentes de corrupción y que dicho Municipio es manejado por un clan desde hace 15 años.